El Gobierno dará a las Sociedades Gestoras la capacidad de censurar material de Internet

En lo que podría ser uno de los más graves ataques contra la libertad de expresión en Internet, el Gobierno Español ha propuesto en la reforma de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información (LSSI) que las Sociedades Gestoras –con la famosa SGAE a su cabeza– sean las encargadas de ordenar el retiro de los contenidos que infrinjan derechos de autor.

Ante esto, la Asociación de Internautas (AI) y la plataforma Todos contra el canon han mostrado un contundente rechazo. Víctor Domingo, presidente de AI, declaró a Libertad Digital que este anteproyecto -es una patada al Estado de Derecho- ya que pasa por encima de los jueces, cosa que vulnera la propia Constitución española. El Consejo de Estado ha apuntado que se trata de -una restricción de la libertad de uso de Internet-.
 
Domingo se mostró preocupado por el anteproyecto y señaló que -después de esto me creo todo-.
Apuntó que en un texto previo se indicaba que los encargados de ordenar la censura serían las autoridades competentes y ahora sólo las Sociedades Gestoras,por lo que Internet quedaría en manos de sociedades como la SGAE.
 
Con esto, la SGAE podrá ordenar que se retire cualquier tipo de material que en su opinión infrinja la propiedad intelectual dejando de lado a las autoridades judiciales. Esto vulneraría además la propia Constitución, que en su artículo 20.5 apunta que -sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial-.

Con esta nueva ley esto no se cumpliría. Víctor Domingo ha informado de que este anteproyecto de ley ni siquiera ha sido remitido al Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI) ni a asociaciones de usuarios.
 
Según AI, el propio Consejo de Estado, tras estudiar el texto, señaló que se trata de una restricción de la libertad de uso de Internet. De esta manera este anteproyecto convierte a las Sociedades Gestoras en verdaderos órganos judiciales capaces de calificar como ilícito y culpable la actuación de un usuario y a los prestadores de servicios en empresas al servicio de estos supuestos jueces.
 
Por su parte la plataforma Todos contra el canon cree que el anteproyecto convierte a las Sociedades Gestoras en órganos judiciales capaces de censurar no sólo los contenidos de una determinada web sino también los ordenadores particulares de los usuarios con lo que considera que no es lícito que una entidad con carácter privado decida qué contenidos se pueden o no publicar, ya que esto supone una restricción y un veto a los todos los usuarios para acceder a páginas y sitios de Internet.

Además, esta plataforma ha anunciado futuras movilizaciones si finalmente se aprueba este anteproyecto mientras que la Asociación de Internautas ha informado de que también promoverá una campaña de movilización semejante a la que sigue desarrollando contra el canon.

Basado en un articulo de libertaddigital